Reto del 2018: financiar la política
- Alberto Ortíz
- 30 ago 2017
- 2 Min. de lectura
En vísperas de arrancar legalmente el Proceso Electoral 2017-2018, te hemos dotado de herramientas para comprender cómo funcionan las etapas en las que se elige a un representante popular.
A principios de año conociste cómo funciona la fórmula que determina cuánto dinero recibirán los partidos políticos para llevar a cabo sus actividades ordinarias y de campaña. En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado viernes el financiamiento público para las nueve fuerzas políticas y aquellos candidatos independientes que logren el registro, una bolsa de mil 788 millones 900 mil 16 pesos.
Tanto el consejero presidente del INE como diversos analistas y especialistas en la materia han coincidido en que esta suma de dinero es la más alta en la historia de nuestro país desde que se organizan comicios. Por cierto, para este proceso electoral se elegirán tres mil 416 cargos; Presidencia de la República, ocho gobernadores, una Jefatura de Gobierno, Cámara de Diputados y Senadores, diputados locales, concejales, alcaldías, integrantes de ayuntamiento y juntas municipales en Campeche.
Contrario a lo escrito por Jorge Alcocer el martes en el diario Reforma, yo estoy a favor de sujetar el financiamiento público con respecto al porcentaje de votación obtenido en una elección. Considero que la iniciativa (congelada, por cierto, en la Cámara de Diputados) del legislador independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, es el mejor planteamiento, hasta ahora, para financiar la política de este país.
¿Pudo el INE haber dado una cifra menor? Sí, pero había sido inconstitucional porque el artículo 41 de la Constitución Federal determina la fórmula del financiamiento. La autoridad administrativa se apegó a la ley, pero dejó en claro que este tema ha generado controversia en la opinión pública.
Por otra parte, existen voces radicales que están a favor del autofinanciamiento de los institutos políticos ya que, entre otros argumentos, son grupos cerrados, no dan los resultados que se esperan, carecen de confianza y credibilidad, además de perder representatividad e identificación con la ciudadanía. En estos términos coincido, pero no acompaño la propuesta del financiamiento privado porque abriría la puerta a grupos delictivos que verían en los partidos y candidatos una oportunidad para realizar y cobrar favores.
La propia ley electoral establece que las fuerzas políticas tienen prohibido recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita; en caso de ocurrir, la elección será anulada. En este panorama, y construyendo un escenario posible, a nivel estatal –imaginemos- diversas células delictivas financian campañas y, en consecuencia, dichas elecciones se declaran nulas por parte de los tribunales y llamarían a realizar nuevos comicios. ¿No sería un gasto mayor realizar elecciones extraordinarias?
Seguramente después de la elección de 2018 habrá reformas a la ley y se tocará el tema del modelo de financiación. ¿Que prevalezca el público o el privado? Responda usted.
