La ALDF, una simulación de la justicia
- Miguel A. Méndez
- 4 ago 2017
- 2 Min. de lectura
El pasado miércoles los medios de comunicación fuimos testigos de un acto de justicia en contra de la corrupción y en pro de los ciudadanos de la delegación Tláhuac. O al menos eso lo han querido vender. Me refiero a la comparecencia del delegado Rigoberto Salgado, encargado de la administración en esa demarcación.
Durante la mañana del pasado 2 de agosto, se podía apreciar en la calle de Donceles la gran cantidad de granaderos y un cierre total a la circulación vehicular. En calles aledañas se observaban camiones que transportaban seguidores, probablemente del partido Morena, de Tláhuac o de otras partes de la Ciudad de México.
En medio de un impresionante operativo de seguridad, la Asamblea Legislativa del todavía Distrito Federal (ALDF) se convirtió en un bunker donde se trató de convencer a los diputados que el jefe delegacional no tenía nexos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, fue a partir de las 6:00 h cuando se postraron alrededor de 300 elementos de la Secretaría de la Seguridad de Pública (SSP) con el fin de evitar algún problema o zafarrancho que buscaran hacer los manifestantes que están en contra del jefe delegacional.
En general, el motivo de la comparecencia respondía a una acusación: los posibles nexos que del delegado con el abatido Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, presunto líder de un grupo delincuencial en Tláhuac.
Cabe señalar lo más importante; esta es la primera vez, probablemente en la historia política de la Ciudad de México, que un delegado político es citado a la ALDF para que responda a las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcomenudeo.
Durante cuatro horas pudimos apreciar, al puro estilo de series policíacas, cómo se presentaron una serie de pruebas presentadas a Salgado y, con tono de exigencia, Mauricio Toledo, el Presidente de la Mesa Directiva, a regañadientes exigiendo respuestas claras y sin tabús.
En lo que respecta a los diputados de las fracciones del PRI y PAN, también se pronunciaron contra posibles actos de corrupción y un posible conflicto de interés entre el presunto jefe del narco de la zona y el delegado. Sin embargo, y buscando no quién la debe sino quién la pague, la ALDF se convirtió en un tribunal que, sin haber finalizado la comparecencia, comenzó el proceso de destitución.
Con base en las facultades que tiene la ALDF para proceder a la destitución del funcionario y de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 108, la ALDF, a propuesta del Jefe de Gobierno o de los diputados, podrá remover a los jefes delegacionales por causas graves como realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público.
La poca capacidad de respuesta, textura y de altura que está ocupando la ALDF pretende autoproclamarse como juez, jurado y verdugo de un funcionario, electo democráticamente, pero en donde parecía un regaño y con el argumento de ofrecer “todas las garantías” tal parece que el PRD utilizará todo medio no en defensa de los ciudadanos de Tláhuac, sino de desquite político, probablemente por las encuestas publicadas en diversos diarios o por simplemente ser Morena. Eso lo dejamos al lector.
