"La lucha se vigila/hostiga"

Enero 2014. Los mexicanos empezamos a pagar un impuesto de un peso por cada litro en la compra de bebidas azucaradas. Un impuesto que afecta directamente a refrescos, jugos de fruta, jarabe, esencias o extractos con azúcar añadida, medida que tiene, en lo superficial, mucho sentido: combatir el grave problema de la obesidad en un país donde cerca del 70 por ciento de los adultos y 30 por ciento de los niños padecen sobrepeso.

Hasta aquí todo parece normal. Procesos de política pública bien aplicados; ciclos confiables con implementación cooperativa, y, sin embargo, en México siempre hay algo; algo que sobresale la podredumbre que viven nuestras instituciones. La formulación de un impuesto con bases científicas y legales conlleva el trabajo de muchas personas, entre ellas la sociedad civil, activistas, investigadores y académicos que aportan la parte táctica muy necesaria para nuestro país. ¿Pero qué pasa cuando esta sociedad civil no puede vivir tranquila, consecuencia del hostigamiento de un Estado, que en el ideal, debería protegerla?

Esta es la historia de Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, los tres partidarios del impuesto a los refrescos en 2014 y dedicados al activismo.

A Barquera (director de Investigación en Política y Programación de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública) un día su celular empezó a sonar repentinamente; recibió mensajes de texto amenazadores, intimidantes y engañosos. El mismo patrón siguió con Luis Manuel y Alejandro Calvillo. Al parecer alguien quería sembrar miedo por la lucha que habían emprendido en contra de la industria de bebidas azucaradas.

El primero en revelar un posible espionaje fue el New York Times, quien reveló que los mensajes que recibían Barquera, Calvillo y Encarnación contenían un código invasivo de un programa espía desarrollado por NSO Group, una empresa israelí, misma que tiene varios contratos con agencias oficiales del gobierno mexicano. Todo empieza a tener sentido, ¿no?

Vámonos a julio 2015. Animal Político señaló que México integraba la lista de los 16 gobiernos que pagaron más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años a la empresa italiana Hacking Team, compañía que bajo la fachada de una empresa de ciberseguridad vende software malicioso.

La lista de clientes en México incluyen desde el CISEN, la Policía Federal y Pemex, hasta gobiernos locales como los de Jalisco, Querétaro o el Estado de México, recordando que este último acaba de tener elecciones para elegir nuevo gobernador y que a la fecha se tienen dudas sobre la legitimidad del proceso. ¿Coincidencia?

Dicen que en la política nada es coincidencia. Correos filtrados al periódico New York Times señalaron a NSO Group y decenas de otras empresas que vendían spyware para operar en un mercado (de por si) desregulado. Empresas como NSO Group en Israel, Hacking Team en Italia y Gamma Group en Inglaterra, declararon al periódico que solo venden programas espía como herramientas para investigar criminales y terrorismo, pero en México no nos chupamos el dedo y esos programas se usan de forma discrecional al no haber leyes claras para su uso.

Imaginen lo grave que sería si en verdad el gobierno mexicano utiliza recurso público para la compra de equipo de espionaje y sea utilizado para vigilar/hostigar a todo aquel que no se alinee a la agenda oficialista. Estamos ante una importante violación a los derechos humanos, de personas que lo único que quieren es generar las condiciones que permitan al país ser un mejor lugar.

Pero la historia aún no acaba. El pasado 23 de mayo, diez organizaciones de la sociedad civil dejaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT) de la Alianza para el Gobierno Abierto. Su salida se debió a la omisión de Enrique Peña Nieto para atender la denuncia ciudadana de actuar de manera inmediata ante el espionaje del gobierno mexicano a defensores de la salud en México.

Textualmente señalaron: “en México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”. “El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno”.

Para mí estas son declaraciones significativas para demostrar que no hay voluntad del gobierno para generar escenarios de estabilidad en el país. Tan grave es la situación que podría relacionarlo con la ola de muertes de personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. No podríamos descartar la hipótesis; hay instancias federales coludidas con grupos criminales para arrancarles la vida a quienes luchan por un México en paz.

Hemos dejado de confiar en nuestras instituciones. Corremos peligro con quienes deberían de protegernos. Ser de la oposición o activista pone en marcha la maquinaria de un sistema que no quiere soltar el poder. Enfermos de egoísmo, los actores en el gobierno aniquilar toda intención de seguir luchando.

El espionaje gubernamental en México se ha vuelto un problema evidente. No dudemos que ahora mismo, junto con nosotros, ellos ya saben que leíste este texto…

IMAGEN: EL ECONOMISTA