"Legisladores y elecciones"
- Alberto Ortiz
- 22 abr 2017
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Caso I: Senado de la República
Desde la creación del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), en la historia democrática de nuestro país, jamás se había presentado un escenario en el que dicha autoridad administrativa organizara comicios electorales de manera concurrente en 30 entidades federativas, más tres federales (Presidente, Diputados y Senadores).
El proceso electoral 2017-2018 que iniciará en el mes de septiembre del año en curso, tendrá como objetivo renovar 3 mil 620 cargos de elección popular. Para ello, el INE ha realizado un Reglamento de Elecciones y ha destinado recursos para emprender con la tarea que reunirá a miles de ciudadanos el día de la jornada electoral.
En cuanto a la parte jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que opera con cinco Salas Regionales, una Especializada y la Sala Superior, ha tenido un incremento de recursos legales presentados por partidos políticos y ciudadanos durante las diferentes etapas de un proceso electoral.
Cuando se reformó la ley electoral que dio origen al INE y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, trajo consigo la creación de dos Salas Regionales adicionales para el TEPJF cuyo funcionamiento iniciaría en septiembre del presente año. Sin embargo, el Senado de la República aprobó con 84 votos a favor reformar el primer párrafo del artículo segundo que establece el plazo en el que deben operar las nuevas Salas.
De acuerdo con las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara alta, eliminar ese plazo fijo en el que deberían entrar en funciones las Salas Regionales obedece a que:
1.- “Esta política legislativa permitirá generar un importante ahorro de recursos que podrán ser canalizados a objetivos prioritarios del país durante el año.” (Cito el punto tres de las Consideraciones que motivan al Dictamen).
2.- El TEPJF tiene una “estructura sólida y suficiente para resolver los juicios contenciosos que se presenten derivados de las elecciones que se llevarán a cabo en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz en lo que resta del año 2017.” (Cito el punto tres de las Consideraciones que motivan al Dictamen).
3.- “A diferencia de años anteriores en los que la judicialización en materia electoral creció exponencialmente (por ejemplo, en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, el número de asuntos resueltos rebasó la cifra de 27,000), durante el 2017 la posibilidad de casos contenciosos será mucho menor”. (Vuelvo a citar el punto dos de las Consideraciones que motivan al Dictamen).
Con respecto al primer punto, en enero el Senado de la República a través del presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, anunció un acuerdo de austeridad basado en 30 acciones para reducir el gasto, una política de “crecimiento cero” con respecto a la creación de plazas de estructura y honorarios.
El pasado martes 18 de abril, el diario Reforma publicó “Contrata Senado a 565 ¡asesores!” en primera plana. De esta información destaca que para este 2017 “el Senado volverá a gastar mil millones de pesos en la contratación de nuevos asesores para legisladores y 81 comisiones, así como para áreas técnicas, parlamentarias y administrativas.” ¿Y la austeridad? ¿Dónde quedó la “política legislativa (que) permitirá generar un importante ahorro de recursos que podrán ser canalizados a objetivos prioritarios del país durante el año” que se plantea en el Dictamen relativo a las Salas Regionales del TEPJF?
Por cierto, el mismo Dictamen establece que el Tribunal Electoral “en el ánimo de velar por una administración de recursos federales responsable del contexto económico delicado que atraviesa el país, (debe) determinar el momento pertinente y necesario para instalar las dos Salas Regionales (…) los recursos asignados para tal fin en el ejercicio fiscal 2017 deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación”.
A los legisladores se les olvidó que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos cuya etiqueta para la creación de las Salas fue previsto por el TEPJF un año antes.
Para concluir y cerrar los últimos dos puntos, tan sólo en 2012, la Sala Superior resolvió 4 mil 936 asuntos y el TEPJF (incluyendo sus Salas Regionales), resolvió 28 mil 573 medios de impugnación. Esta Estadística Jurisdiccional que puede consultarse gratuitamente en el portal del organismo jurisdiccional, también arroja que un año antes de la elección presidencial Sala Superior resolvió 15 mil 981 recursos y el TEPJF de manera conjunta, 35 mil 628 asuntos.
Dato adicional: en un proceso electoral intermedio (2009, por ejemplo), se resolvieron por el Tribunal Electoral 21 mil 890 medios y en 2015 creció a 27 mil 669 recursos.
Si bien el TEPJF cuenta con una estructura sólida y los medios de impugnación han crecido de manera exponencial, también es cierto que previo a una elección presidencial dichos juicios electorales suelen ser mayores que en pleno año federal electoral.
De acuerdo con el calendario del INE, el proceso para renovar la Presidencia de la República, Congreso de la Unión y las 30 entidades federativas comienza en septiembre de este 2017. ¿Habrán tomado en consideración estos elementos aquellos senadores que votaron por la eliminación del plazo fijo sobre el funcionamiento de las dos nuevas Salas Regionales?
¿Será que Senado de la República es congruente con la austeridad y la situación actual del país?
Si el TEPJF cumplió con el mandato legal en la materia y por tanto respondió sobre la viabilidad del funcionamiento de las Salas Regionales a través del presupuesto que envió a los diputados, ¿la Cámara alta complejizará la actividad jurisdiccional rumbo al 2018?
En la siguiente entrega: Cámara de Diputados inaugura el proceso electoral de 2018 al aprobar dictamen de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
