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“Chen tumeen chu’ úpen”

  • Alberto Ortiz
  • 23 feb 2017
  • 2 Min. de lectura


A propósito del Día Internacional de la Lengua Materna que se “celebró” esta semana, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del INALI, en México se hablan 374 variantes dialectales, pertenecientes a 68 agrupaciones y 11 familias lingüísticas; 64 están en peligro de desaparecer.


Esta fecha coincidió con un acto que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en el que ofreció una disculpa pública a tres mujeres indígenas.


26 de marzo de 2006.- En el municipio de Amenealco, Querétaro, habitantes protestaban por abusos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y extorsiones de la PGR en un tianguis.


Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, habitantes del municipio de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fueron culpadas de secuestrar a seis agentes de la AFI y venta de droga. Al momento de su detención, Jacinta no entendía las razones ya que no hablaba español. Alberta fue detenida en su trabajo y Teresa en su casa; las tres mujeres indígenas hñähñú fueron presentadas como criminales ante los medios de difusión.


Diciembre de 2008.- Un juez les dictó sentencia por 21 años de prisión de un acto que jamás cometieron.


Septiembre de 2009.- Jacinta queda en libertad “no por ser inocente, sino porque no encontraron pruebas para inculparla”, según declaró la PGR. Más tarde, Alberta y Teresa obtuvieron su libertad tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su favor.


21 de febrero de 2017.- 11 años después, la PGR aplicó la frase “usted disculpe” y reconoció las fallas en el proceso penal y a sus derechos humanos.


Este recuento sirve para dar cuenta de la falta de justicia sustancial, pronta y expedita. ¿De qué sirve traducir el texto constitucional a las lenguas indígenas que posee México si aún continúa la discriminación hacia los pueblos y comunidades originarias? Luego de la ceremonia por el Centenario de la Constitución que justamente se realizó en Querétaro, ¿qué tanto se protege a estas comunidades e integrantes?


La respuesta es sencilla: nada. La justicia no ha podido (transitando a otro tema) poder instalar a las alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc, Chiapas, en sus cargos por los cuales fueron electas democráticamente. Ayer, incluso, se suscitó un acto de violencia con la toma del Palacio Municipal de Chenalhó donde resultaron varios habitantes lesionados. Tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial estatal se han mostrado incompetentes para cumplir con un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


Ante el caso de Jacinta, Alberta y Teresa, así como el de María Gloria Sánchez y Rosa Pérez Pérez, ¿tendremos motivos para celebrar el Día de las Lenguas Indígenas cuando muchos hablantes de cualquier familia lingüística desconocen de sus derechos y no se les juzga en su idioma?


Hoy, como afirma la hija de Jacinta, estas cinco mujeres desde sus respectivas luchas se “han chingado al Estado” al demostrar que no es símbolo de vergüenza ser pobre e indígena. Al respecto, las instituciones impartidoras de justicia tienen un enorme reto de garantizar espacios de desarrollo, promover la participación política, otorgarles acceso a cargos de representación popular y evitar la discriminación “chen tumeen chu’ úpen”, como diría la escritora Marisol Ceh Moo en maya, “solamente por ser mujer”.

 
 
 

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