"¿UNA NUEVA LEY GENERAL DE ARCHIVOS?"
- Luis Sosa Castillo
- 8 feb 2017
- 3 Min. de lectura
Generar discusión sobre archivos, documentos, textos, etcétera, es una tarea tediosa, aburrida y difícil de realizar, muchas personas prefieren hacinar papel sobre papel, formando pilas y pilas de documentos y archivos personales que crecen a la sombra de un rincón sin ningún tipo de organización sólo a la espera de algún día ser necesitados. Por lo tanto, hablar sobre los archivos, documentos e información financiera de la nación no llama en gran medida la atención ni de medios de comunicación ni de población.
Así fue como el día 17 de Noviembre la legisladora Laura Rojas presentó ante el Senado la iniciativa de Ley General de Archivos, misma que ha tenido poca cobertura en medios y que por sus posibles consecuencias, en caso de ser aprobada, es una de las más controversiales de este 2016.
Esta iniciativa sustituirá a la anterior de 2012, con la finalidad de integrarla a los nuevos cambios constitucionales en relación con la transparencia y el sistema anticorrupción. Hasta ahí la cosa parece bien. Más todavía, no dudamos de la necesidad de tener un marco común para los archivos, donde el eslabón más débil suele ser los municipios. La iniciativa resulta ambiciosa al proponer un Sistema Nacional de Archivos, lamentablemente es difícil materializarlo realmente pues en estos momentos a duras penas se le asigna presupuesto suficiente al Archivo General de la Nación, así que pensar en un sistema Nacional de Archivos resultaría económicamente bastante costoso.
Lo más relevante de esta iniciativa es que parece ser un retroceso a todo lo que se había logrado en cuanto a transparencia y combate a la corrupción, ya que sería la Secretaría de Gobernación quien se encargaría de resguardar y organizar absolutamente toda la información que generó, genera y generará la administración pública; es decir, obtener el control político de todos los archivos de México. La iniciativa también propone que el gobierno Federal y Estatal tendrán 2 y 3 años respectivamente para clasificar y ordenar todos los archivos a fin de que se catalogue el tipo de información que contienen y si ésta es confidencial o de seguridad nacional. Este control político sobre toda la información que produce la gestión pública mexicana genera opacidad, así como dificultad para obtener datos fehacientes y acordes a la realidad mexicana.
Lo más grave de esta iniciativa es lo que podría ocurrir con los archivos históricos de la nación, todo este enorme acervo que cuenta la historia lo más detalladamente posible de nuestro país y que con esta nueva ley abre la puerta a que dichos archivos “se les deberán aplicar los procesos técnicos archivísticos con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información”, podríamos estar frente al hecho de ocultar documentos históricos, negando la historia de cierta forma. Con esta ley podríamos enfrentarnos al hecho de encontrar documentos con nombres o información clave testada (borrada) para efecto de proteger datos personales o que simplemente no estén a disposición del público por catalogarlas de seguridad nacional. Cabe destacar que este tipo de políticas de acceso a la información son contrarias a las de E.U.A. quienes después de 25 años todos los documentos se desclasifican, o el mismo Vaticano que después de pasados 70 años de la muerte de un pontífice se abre acceso a los documentos de los que fue parte.
A pesar del poco seguimiento a la iniciativa, investigadores y académicos han levantado la voz denunciando las posibles consecuencias de esta centralización de la información por parte de Secretaría de Gobernación. Esta ley, además de tener tintes totalitaristas como mencionó Mauricio Merino para Foro TV, pone obstáculos para la investigación a universidades, colegios, instituciones, académicos pues estos se atienen a que sus líneas de investigación histórica, social, económica, sociológica, política etc. Sean menos confiables, o incluso se detengan ante la respuesta que pueda dar Secretaría de Gobernación. Pero el problema no es meramente para quienes investigan el pasado, sino más grave aún, para quienes en el presente se les puede entregar información recortada, o simplemente, se les niega el acceso con la justificación de los datos personales. Visto de otra manera, aunque la iniciativa busca proteger los archivos y favorecer la transparencia, tiene unos candados para promover la opacidad.
