"Del balazo a la compra y el machismo"
- Alberto Ortíz
- 13 oct 2016
- 2 Min. de lectura
A cuatro meses de cumplir el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder se sigue disputando ya no a balazos, sino a través de la compra de votos y una violencia política y de género.
Muchos dirán que se ha avanzado en la construcción democrática y están en lo cierto.
Dejamos los Colegios Electorales por autoridades administrativas y jurisdiccionales. Poseemos partidos políticos como vía organizada para ocupar puestos de elección popular. Contamos con una credencial personal y medios que dan difusión y voz a los candidatos y sus institutos políticos.
De nacer bajo el clima de la desconfianza, nuestra democracia sigue en construcción a pesar de contar con al menos 20 candados de seguridad en la credencial y varios más en el Padrón Electoral y la Lista Nominal.
Hasta aquí hemos avanzado si recordamos que antes la disputa por el poder entre los caudillos se daba mediante asesinatos de quienes asumían los cargos. Ahora la bala sustituyó en buena medida al billete, al costal de cemento, al tinaco, al tortillero, al cilindro, a la mochila, al boleto para acceder a una función cinematográfica gratis, o a cualquier objeto que te imagines que sirve para justificar la pluralidad política de nuestra “incipiente democracia” y conquistar al elector.
Mientras que en Estados Unidos las empresas invierten recursos en los candidatos, aquí es un acto ilícito.
Entonces, ¿la democracia se lleva con el capitalismo?
Mientras que la doctrina griega apunta que hablamos de un gobierno por y para el pueblo, Marx contrapone la idea al referirnos que sólo una clase oligárquica es la que gobierna de acuerdo a sus propios intereses. Democracia y capitalismo son dos conceptos que van por caminos distintos.
Regresando al tema de la evolución democrática, nos ha faltado –me parece-, garantizar la participación y acceso al poder de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas. Chenalhó y Oxchuc en Chiapas nos dan cuenta de ello.
Más allá del sistema normativo interno en el que priman los puestos populares para los varones, el Congreso Estatal no ha podido restituir a las alcaldesas para el cargo al que fueron electas por la vía democrática.
A una la obligaron a renunciar porque –según sus habitantes- no sabe gobernar; y a la otra porque se ejerció violencia política y amenazas de muerte.
¿Hemos avanzado en la construcción democrática? ¿Gobierna el pueblo?
El gran reto con respecto a los comicios de 2017 y, sobre todo, de 2018, es no sólo garantizar la legalidad sino la materialidad. Evitar que las balas definan a los gobernantes y que las palabras se vuelvan actos discriminatorios.
