"Nadie quiere al INE"

El pasado 4 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la convocatoria para renovar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tan sólo en una semana se inscribieron 130 personas que estiman cumplir con los requisitos que establece el documento que emitió la Corte.

Entre los aspirantes se encuentran tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Marco Antonio Baños, Adriana Favela y Beatriz Galindo Centeno.

La tarea de los próximos Magistrados no es nada sencilla pues tendrán el encargo de calificar la elección presidencial de 2018, -quizá la más compleja en la historia contemporánea- ya que el clima político se calienta entre los discursos y fenómenos sociales.

Desde que el Tribunal Federal Electoral (Trife) desapareció en 1996 y pasó a formar parte del Poder Judicial, se buscó que el imperio de la justicia dirimiera los conflictos en la materia electoral. Por lo tanto, la política y la impartición de justicia serían dos elementos separados pero que convivirían en nuestro sistema político-electoral. En consecuencia, para no mezclar la política con la justicia, la SCJN mandaría ternas al Senado de aquellos aspirantes que cumplieran el perfil idóneo para desempeñarse en la materia electoral.

Lo anterior no sucede en el INE ni en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE). La Cámara de Diputados es quien designa a los consejeros de la autoridad administrativa y muchos de ellos suelen ser extensiones partidistas que velan por sus intereses en la mesa del Consejo General.

Luego de los constantes derechazos que el TEPJF le ha dado al INE por sus acuerdos mal aplicados, varios de los consejeros actuales han optado por intentar mejor suerte en la autoridad jurisdiccional. ¿Tan mal está el Instituto en su interior que ya no lo quieren? ¿De plano las fuerzas políticas lograrán reventar la figura de los consejeros ciudadanos?

De confirmarse y prosperar las candidaturas de los consejeros, y en un escenario lejano pero posible en el que logren ser designados como Magistrados de la Sala Superior, ¿no se supone que legalmente deben cumplir su encargo por el que fueron encomendados?

Desde la visión institucional se ha procurado que se cumplan los tiempos en los que los ciudadanos han sido electos para desempeñar un cargo. En el caso de los aspirantes a Magistrados, ¿no deberían predicar con el ejemplo siendo parte de una autoridad electoral?

Si la idea de ir construyendo día a día y paso a paso la credibilidad en las instituciones –parafraseando a José Woldenberg-, con estas acciones estamos haciendo lo contrario. ¿A poco no?

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