"SEGURIDAD ENTRE SEXENIOS, DE CALDERÓN A PEÑA NIETO: ¿CAMBIO DE ESQUEMAS DE COOPERACIÓN?
- Pilar Rosas
- 5 jul 2016
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La llegada al poder de Felipe Calderón estableció una política de cooperación abierta con Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Desde la toma de protesta el 1 de diciembre de 2006, la administración Calderón estuvo marcada por el cuestionamiento de la legitimidad de su triunfo en las elecciones. La llegada del nuevo presidente por la puerta trasera y la imposición de un nuevo gobierno detonaron una débil cohesión social y poco respaldo a las acciones que se ejercían desde la residencia oficial de Los Pinos. El reclamo de la izquierda mexicana por el presunto fraude en las elecciones desató un conflicto postelectoral y una desconfianza en las instituciones federales. Actores No- Gubernamentales, como la opinión pública, cuestionaban la veracidad de la democracia dentro del territorio nacional.
Ante esta situación se hizo prioritario el uso de estrategias que permitieran al gobierno de Felipe Calderón dar la legitimidad que tanto buscaba y lograr un apoyo social para sus iniciativas, pues sabía de antemano que al haber una presencia mayoritaria del PRD en la Cámara de Diputados su margen de negociación interna era limitado. Calderón hizo énfasis en el discurso de que las condiciones internas y externas demandaban un giro en el interés nacional y la prioridad de los objetivos en política exterior, anteponiendo la seguridad interna y la lucha contra el narcotráfico. De esta manera, lo que en un principio no aparecía como eje principal en el Plan Nacional de Desarrollo, terminó siendo una política interna sumamente ligada a la política exterior que trascendió más allá de los objetivos iniciales de su mandato.
Finalmente en Diciembre del 2008 comienza a operar la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Una profesionalización de los cuerpos policiacos, la aplicación de exámenes de confianza, fortalecimiento de las instituciones, implementación de tecnologías en la frontera norte y sur, así como una mejora al sistema penitenciario fueron algunos de los objetivos trazados en dicho documento.
Sin embargo es de preguntarnos, ¿Cuáles fueron los avances de esta Iniciativa? ¿Estaba adaptada a la realidad mexicana? ¿Hubo cambios en el esquema de cooperación bilateral en materia de seguridad?
El contexto en el que empezó a operar Iniciativa Mérida fue en medio de un entorno social caótico y violento, pues la zona norte de México vivía un alza en el índice de violencia por la lucha entre los cárteles del Golfo y de Juárez por el control de las rutas de acceso de droga a Estados Unidos y algunos territorios del sur comenzaban a tener presencia de organizaciones delictivas.

La llegada de Enrique Peña Nieto marcó un cambio en la estrategia de seguridad, pues se optó por una mayor profesionalización de los cuerpos policiales y aplicación de exámenes de confianza, haciendo énfasis en el apoyo a las fuerzas estatales y municipales. Derivado de esto la creación de Gendarmería Nacional parecía una política de seguridad que marcaría una distancia entre sexenios. No obstante la falta de delimitación de funciones del órgano, así como una clara precisión de sus características, fueron causas que llevaron a su pronta disolución.
Si bien se ha tenido un avance, los resultados no han sido los esperados. Los indicadores aumentaron cuanto al número de extradiciones realizadas por México desde 2008 a la fecha, también se efectuaron mejoras en el sistema penitenciario, no obstante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una crisis debido a la falta de una política nacional adecuada. De igual forma ante el constante incumplimiento de México en materia de Derechos Humanos, se hizo acreedor a sanciones en 2010 que implicaron el retener el 15% de algunas partidas de Iniciativa Mérida y la insistente llamada a tomar medidas que salvaguarden la integridad y cumplimiento de los mismos.

Pese a los pocos avances, es indudable que Iniciativa Mérida marcó precedente en el cambio de esquema de cooperación. La firma de un marco de relación bilateral en materia de seguridad dejaba atrás el bajo perfil con el cual se manejaba el gobierno mexicano en temas de seguridad, esto ante la desconfianza de las elites gobernantes por establecer alianzas con gobiernos extranjeros que implicaran el uso de la fuerza militar, para dar paso a una política que abarcaba sectores que no habían sido considerados en otros esquemas de ayuda mutua.