"ARRIBISMO Y OPORTUNISMO, A UN AÑO DE AYOTZINAPA"
- Miguel Ángel Méndez Mandujano
- 8 oct 2015
- 4 Min. de lectura
Twitter: @MikeMM86
“Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos", "Hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos", "Gobierno fascista, que matas normalistas. Gobierno fascista, te tenemos en la lista. Gobierno farsante, que asesinas estudiantes”, estos son los gritos y consignas que durante 365 días han estado en distintos grupos colectivos que por varios meses han intentado, y aun continúan, la búsqueda de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
La cronología de los acontecimientos nos ha permitido observar, en distintas dimensiones, las capacidades de acción del gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora las respuestas ofrecidas por el gobierno federal no han tenido el efecto esperado; por el contrario, las manifestaciones emprendidas durante este último año han movido los cimientos de un sector de la sociedad que coloca día con día nuevos cuestionamientos a las autoridades en torno a la eficiencia de la seguridad y de la impartición de justicia.
¿Qué han generado las protestas para el gobierno federal, desde la desaparición de más de cuatro decenas de jóvenes? El activismo ha declarado que las movilizaciones a raíz de los acontecimientos en Iguala han despertado a la sociedad y minimizado la acción gubernamental, que han tildado como ineficaz; por otro lado, ha quedado al descubierto que el manejo de las crisis políticas, para el equipo cercano al Presidente de la República, es incompleto pero no incompetente, ya que han logrado matizar en otro ámbitos los problemas de seguridad surgidos desde la desaparición de normalistas.
Recordemos las acciones implementadas el pasado 27 de noviembre de 2014, como medidas precautorias a futuros escenarios que podrían ser similares a los de Ayotzinapa; acciones como la creación de la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales, un número nacional para emergencias: el 911, la creación de policías únicas estatales, etcétera. Todas estas medidas pretendían dar un giro de 180 grados a la problemática de los estudiantes que, hasta este momento, continúan en calidad de desaparecidos.
Las medidas precautorias podrían corregir el rumbo de las acciones nacionales por Ayotzinapa; sin embargo, estancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, luego de un año de los hechos en Iguala, indicó que las estructuras estatales no pudieron ni podrán impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades; asimismo, el organismo ha llamado a evitar el uso político de estos acontecimientos, así como cualquier “distorsión” que contamine la investigación que se realiza.
¿Sabes cómo está integrado el expediente sobre el caso de la desaparición de 43 normalistas en la Procuraduría General de la República? Hagamos un pequeño recuento. A partir de enero de 2015 comenzaron los señalamientos a la teoría de las muertes luego de que fueran encontrados varios restos en octubre de 2014. Posteriormente se llevaron a cabo análisis que demostraron la compatibilidad con uno de los desaparecidos; sin embargo, las pruebas no era concluyentes pero, con esfuerzo, la PGR decidió el 27 de enero de 2015 dar a conocer a los medios de comunicación las conclusiones que la autoridades han intentado exhibir como la “verdad histórica” concluyente y con los responsables detenidos. En esta conclusión se afirma que los estudiantes fueron asesinados e incinerados.
Por otro lado, esta versión (que pasará a la historia por ser una de las más desacreditadas debido a la naturaleza de las acciones) fue expuesta en septiembre de 2015, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que evidencias científicas muestran que los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 no fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero. Esto contradice completamente la versión del gobierno federal sobre los sucesos acontecidos ese día. La conclusión a la que llega este informe, cuya duración fue de seis meses, es que luego de revisar la versión de que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y las versiones de los inculpados hasta ese momento, que hablan del basurero de Cocula, muestran inconsistencias. Entre ellos señalan una forma de preparación distinta y de las personas que participaron; en otras palabras, sus declaraciones no coincidían.
El GIEI ha presentado un informe que contradice en su totalidad la versión del gobierno federal y coloca en tela de juicio la capacidad de las instituciones encargadas de realizar una investigación a fondo y con seriedad. Hasta hora, la única verdad es que los familiares de los jóvenes desaparecidos han intentado, por los medios necesarios, buscar que las autoridades asuman un compromiso apegado a la verdad. La PGR ha intentado señalar distintos dictámenes de química, biología y otros, pero hasta hora, y como lo demuestra la encuesta del Sistema Nacional Anticorrupción realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los ciudadanos ya no confían en sus autoridades en más del 52%, y menos en la impartición de justicia. La perspectiva en varios sectores de la población es que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos. Dinos ¿tú qué opinas?
