"MÁS O MENOS ASÍ FUNCIONA LA MINERÍA"
- Patricio Patiño
- 6 sept 2015
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Por: Patricio Patiño
@AElpato
No hace muchos años, y como consecuencia del TLCAN, México declaró a la minería como su quinta actividad económica prioritaria (y eso cuando todavía se inyectaba más de la mitad del capital público a través de las ganancias de PEMEX), lo que hizo posible que las legislaciones pudieran ser cambiadas para favorecer al sector privado en la concesión, explotación y beneficio de extraer minerales y metales preciosos de las tierras mexicanas. Basta una breve búsqueda en internet para confirmarlo. Sólo diré que las ganancias que el Estado declara hoy al respecto (porque bien puede recibirlas de forma ilícita) son irrisorias.
Posiblemente un par de liberales estarían muy de acuerdo con la situación, pero hay severos problemas con un planteamiento económico como este, desde contaminación mortal en los terrenos aledaños a la operación minera, de la que nadie se hace responsable, hasta la cooptación de poderes, pasando por alianzas con el narcotráfico o con guardias blancas que se dedican a despoblar (vía exilio o vía ejecución, como ha ocurrido en, por ejemplo, Sonora) terrenos con alto valor económico, pero no uno menor cultural (por ejemplo, es el caso de algunas pequeñas ciudades en San Luis Potosí).
No obstante debemos aceptar que buena parte de estos problemas se deben a la corrupción e impunidad que por muchas otras razones ya inundaba y debilitaba a las instituciones estatales. Sobre todo si consideramos que también buena parte de las soluciones provendrían de marcos legales más sólidos aplicados para las mineras, particularmente en asuntos de uso de suelo, responsabilidad ambiental y autosustentabilidad, seguridad laboral, declaraciones fiscales y contribuciones al Estado, etcétera. Todos asuntos relacionados con la burocracia estatal que cuando no ha sido blanco del crimen organizado de manera frontal, ha sido sospechosamente virada por los mismos funcionarios, como si se tratase de los voceros del interés empresarial.
Aun así México no es un caso aislado, los ejemplos son abundantes en todas las ricas tierras de América Latina, con algunas variantes. Por ejemplo, la estrategia del Estado boliviano de financiar proyectos públicos de beneficio común a través de las ganancias de la industria minera parece paradójica, pero ha arrojado algunos resultados positivos y democráticos (y probablemente también injusticias). En el caso de Perú (tal como sucede en la Sierra poblana, por ejemplo), han habido movimientos populares organizando ensayos de democracia directa que han logrado generar oposiciones efectivas para frenar o cancelar algunos proyectos mineros o extractivos.
Esto marca dos estrategias económicas que incorporan la extracción en sus agendas de desarrollo (este desarrollismo basado en la extracción es conocido como neoextractivismo). La estrategia liberal que prioriza las cifras y es pragmática a muerte: más empleos aunque sean miserables, más inversiones aunque no haya recuperaciones (que viene a ser muy conveniente para adelgazar al Estado), más negocios aunque sean a costa de bienes públicos (o mejor dicho comunes), una inserción completa y competitiva en la economía mundial a cambio de malbaratar el país; en resumen, más crecimiento de flujos y cifras a costa de exprimir a los trabajadores, y de escamotearles su parte de las ganancias y sus derechos.
Y tenemos del otro lado a la estrategia socialista, de la mano de los países emblemáticos del llamado socialismo del siglo XXI. Consiste en poner estrictos controles a los capitales (cuando no de nacionalizar, como por ejemplo hizo Venezuela con su petróleo) y tomar una buena parte de las ganancias para redistribuirlo a través de obra pública y programas sociales.
Al margen de estas redistribuciones y consideraciones económicas, las evidencias empíricas sobre el terreno muestran que no es buena idea invertir poco en la extracción ni exigirle pocas cuentas a las mineras. El precio en otros términos (incluso en otros términos económicos) podría ser más elevado de lo que se piensa: grandes áreas protegidas corren peligro, flora y fauna tampoco son especialmente consideradas bajo los regímenes actuales, comunidades en estado de desventaja y exclusión se ven forzadas a batallar contra el abuso haciendo uso de recursos mínimos, miles y miles de personas merman su salud exponiéndose a procesos peligrosos (y muy baratos) de producción, y una vez más un largo etcétera.
