"PROSTITUCIÓN: una visión desde los DD.HH."
- Patricio Patiño
- 17 nov 2014
- 5 Min. de lectura
Rubén Flores Márquez @FloresR_M
La realidad de las personas que ejercen la prostitución es compleja y llena de matices. Aunque la historia de violencia y discriminación que afecta a quienes ejercen la prostitución –particularmente las mujeres– permite establecer ciertas regularidades en las diferentes experiencias nacionales. No debemos perder de vista que dichas personas poseen esquemas particulares para la integración de su identidad y el ejercicio de su autonomía. No obstante, el carácter universal del paradigma de los Derechos Humanos como forma de realización de una vida digna, nos obliga a profundizar en el análisis de las condiciones que obstaculizan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas que ejercen la prostitución.
La división sexual del trabajo, propició la construcción de estereotipos y roles que han dejado a las mujeres con pocas o nulas posibilidades de participar en la esfera pública, de trascender más allá del “deber ser” para “ser”, de apropiarse de su cuerpo y de tomar sus propias decisiones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que la reflexión “con perspectiva de género implica no sólo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana”.
Es un hecho que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución lo hacen de manera forzada y que muchas de ellas son víctimas de trata de personas. Por ello, toda política pública que se plantee vinculada a la prostitución debe considerar la urgente y efectiva prevención, detección, sanción y erradicación de las conductas criminales que se asocian a este fenómeno.
En México, las condiciones generalizadas de pobreza, aunadas a las determinantes sociales, culturales, económicas, políticas y otras; colocan a la población en una situación de vulnerabilidad de sus derechos. La pobreza, corrupción e impunidad han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de miles de personas -sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes- que están en riesgo de ser víctimas de la trata. La exclusión social que -implica condiciones de desventaja jurídica, racial, étnica o por motivos de género– impide que las mujeres, niñas y niños se tracen un proyecto de vida propio y provoca que sean más vulnerables a la explotación sexual.
Foto: Google
Por ello, es fundamental actuar en el rubro de la prevención pues, independientemente de que pueda y deba darse atención integral a la víctima, es necesario trabajar para que no exista ninguna más. En este marco, las deficiencias en la respuesta institucional se traducen en la inexistencia o precariedad de una cultura preventiva. La sociedad en general y las instituciones públicas y privadas no están suficientemente sensibilizadas sobre la gravedad del problema.Por ello se debe enfatizar la atención en la prevención.
Existe una insuficiente respuesta institucional frente al problema, por lo que se debe diseñar e instrumentar una actuación interinstitucional coordinada, estratégica, planificada y con una visión integral de atención en los distintos niveles de intervención: prevención, investigación, sanción y acompañamiento a las víctimas desde su ubicación hasta su reestablecimiento.
Actualmente, las personas que ejercen la prostitución sufren violencia institucional por parte de la policía y de las distintas instituciones públicas, en el ámbito administrativo y desde el Poder Judicial hasta el sistema de salud. Estas personas son denigradas, discriminadas y estigmatizadas. De manera tácita o explícita se les niega el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, lo que redunda en exclusión y marginación que se agudizan cuando se trata de prostitución “callejera”.
Por otro lado, se encuentra el caso de las personas trans, a quienes se les violenta su derecho a la identidad, razón por la cual enfrentan graves dificultades para encontrar un lugar en el mercado de trabajo formal. Las opciones de trabajo y de subsistencia son restringidas y pueden cerrarse a tal punto que sólo se les deja el trabajo sexual, la pornografía o el espectáculo.
No son las y los proxenetas ni la trata sexual quienes conducen a las personas trans al ejercicio de la prostitución; es la propia sociedad la que, con una actitud incongruente y discriminatoria, condena a la mayoría de las personas transexuales a vivir del trabajo sexual. La premisa fundamental de cualquier acercamiento al tema de la prostitución es que los derechos de todas las personas se deben respetar y proteger en todas las circunstancias y en todos los contextos. Sin embargo, la comunidad académica y política, así como las organizaciones civiles de diversas partes del mundo, se han preguntado si la prostitución es una forma de explotación o dominio patriarcal que debe ser abolida o prohibida, o si es una profesión que hay que regular.
Foto: RT
Ahora bien, se debe diferenciar entre las personas que ejercen la prostitución pero desean dejar de hacerlo y aquellas que por propia decisión quieren continuar en ésta. En el caso de las que quieren abandonar esta actividad hay que diseñar estrategias para dicho fin, entre las que se encuentran: ofrecer opciones reales de educación, capacitación y empleo, establecer un plan de acción de alto impacto y crear o consolidar redes sociales de apoyo. En cuanto a las personas que por decisión propia deciden seguir ejerciendo la prostitución, ésta debe ser reconocida como un proyecto de vida que se debe dignificar a través de políticas y programas institucionales de seguridad social, salud, educación y condiciones dignas de empleo. Hay que tomar en cuenta que una relación laboral implica, por definición, cesión en la libertad personal y desempeño profesional a cambio de dinero.
Sería difícil hablar de “conclusiones” en un tema como el de la prostitución; es más, este análisis sólo pretendió ofrecer otra visión acerca del fenómeno y motivar el inicio de una reflexión tolerante, objetiva e integral en torno al mismo –siempre teniendo como eje el respeto pleno a los Derechos Humanos y a los disímiles proyectos de vida de cada persona–. Incluso aceptando la existencia de personas que declaran ejercerla libremente y cuyos casos constituirían contraejemplos a la prostitución como una forma de violentar y degradar a las mujeres, tenemos que hacernos cargo de las conductas criminales (la trata y la explotación sexual) que se asocian a este fenómeno, pues también es obligación del Estado garantizar los derechos de todas las personas independientemente de la actividad a la que se dediquen.
Quizá, después de separar los delitos asociados a la prostitución de la elección que se declara como libre, encontraremos que dichos contraejemplos son tan aislados que aparecen como excepciones a la caracterización de la prostitución como un fenómeno asentado en la desigualdad de género.
No dejo a un lado la legislación para el trabajo sexual, sin embargo es un tema muy complejo que debe debatirse plenamente y no dejar sólo en un idea dentro de un escrito, soy fiel creyente que debe ser legar el trabajo sexual, como mecanismo de protección, pero al ser un tema delicado, debe abordarse fuera de todo prejuicio y viendo por el buen gobierno, dejo el final abierto, no concluiré el tema de prostitución para abordar puntos de proceso legislativo y llegar a una propuesta tangible.
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